Venezuela: Pobreza, calidad de vida y diálogo político

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Venezuela-trabajadores-protestaLos logros en la lucha contra la pobreza que las estadísticas por ingreso atribuyen al gobierno de Venezuela desde 1999 se ven opacados por la violencia y la inseguridad, que impiden el ejercicio pleno de los derechos a la educación, la salud, el esparcimiento y el goce de los espacios públicos. Las reformas constitucionales y legales desde 2008 suponen otro retroceso tras los avances de los derechos básicos en el primer periodo presidencial de Hugo Chávez, al centralizar el poder político, restringir la participación y las libertades democráticas y el pluralismo, y aumentar la militarización de la sociedad. Al mismo tiempo, las autoridades insisten con la criminalización de la protesta social y los derechos humanos.

La significativa disminución de la pobreza iniciada durante los gobiernos del presidente Chávez se estancó en su segundo período presidencial (2007-2013). La reducción, que había sido de 16,4% entre 2004 y 2006, fue de solo 1,8% en los cuatro años siguientes.

La violencia y la inseguridad en las principales ciudades del país han afectado la calidad de vida de la población, socavando el disfrute de los derechos sociales de los sectores más vulnerables. A la reducción de las horas de clase nocturnas en la enseñanza media y superior se suma la renuncia de educadores en zonas con alta delincuencia, y también se clausuran servicios nocturnos de emergencia de la red hospitalaria nacional y se restringen los horarios de consulta médicas en centros privados de salud. Además, la gran cantidad de personas heridas con armas de fuego colapsa las salas de terapia intensiva.

Por otra parte, ha habido una política de criminalización de la defensa de los derechos humanos que desconoce tanto a las instancias de protección internacional como a las organizaciones de la sociedad civil que recurren a ellas.

Tras las elecciones presidenciales del 14 de abril en Venezuela, que mostraron un país dividido políticamente en dos partes prácticamente iguales, Provea y otras organizaciones de derechos humanos exhortaron a un diálogo entre la oposición y el gobierno para dar una salida pacífica y democrática a la crisis política.

La polarización que vive Venezuela constituye un escenario adverso para la paz social y el respeto a los derechos humanos. El resultado electoral evidencia un país dividido en torno al modelo social, económico y político. Es un paso positivo el acuerdo alcanzado en la Asamblea Nacional para establecer un diálogo constructivo que permita adoptar leyes que urgen en el país. Pero esa actitud dialogante debe extenderse a toda la gestión institucional del Estado, reconociendo a los otros y respetando los preceptos constitucionales, en especial los derechos humanos allí establecidos.

Fuente: Informe Social Watch 2013, Informe Nacional de Venezuela
http://www.socialwatch.org/es/node/16032

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