Reforma Tributaria. Los cambios en el Impuesto al Valor Agregado

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Reforma Tributaria. Los cambios en el Impuesto al Valor Agregado

La ley 27430 de Reforma Tributaria en su Título II incluye dentro del objeto del impuesto a los servicios digitales, definiendo el hecho imponible y la base imponible a aplicar. Con ello se pretende otorgar mayor neutralidad al tributo gravando los servicios digitales prestados por residentes en el exterior cuando son utilizados en la Argentina por consumidores finales y otros sujetos actualmente no alcanzados por el IVA en la importación de servicios, como por ejemplo, los monotributistas, los sujetos exentos y los no alcanzados.

 

Osvaldo Purciariello, especialista de Arizmendi explica que la reforma define el concepto de utilización o explotación efectiva en la importación y exportación de servicios.
También busca incentivar las inversiones productivas en bienes de uso vinculados a la realización de nuevos proyectos o en la ampliación de los existentes mediante el recupero del saldo técnico acumulado luego de transcurridos seis períodos fiscales de su inversión.
Finalmente la Ley 27430 permite recuperar los saldos a favor técnicos que se les producen a las empresas de servicios públicos cuando estas están subsidiadas por el Estado.

 

Objeto del impuesto
Se incorpora el inciso e) al artículo 1º de la ley relativo a los servicios digitales prestados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior en la medida que su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país, y en tanto el prestatario no resulte comprendido en las restantes disposiciones vigentes que establecen la obligación de ingresar el gravamen bajo determinados supuestos. O sea, que no sean sujetos que tributan el gravamen actualmente como importación de servicios.
Los servicios digitales cuyos prestatarios no estén comprendidos en el artículo 4, inciso d) son:
1) Los consumidores finales.
2) Los “no responsables”, que solo desarrollan actividades exentas o no gravadas.
3) Los monotributistas.
Lugar de prestación del servicio
Los servicios digitales prestados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior se entenderán, en todos los casos, realizados en el exterior (artículo 1, inciso e).

Servicios digitales
Se consideran servicios digitales aquellos llevados a cabo a través de la red Internet o de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por Internet u otra red a través de la que se presten servicios equivalentes que, por su naturaleza, se  encuentran  básicamente automatizados y requieren una intervención humana mínima.
La ley pretende poner en un plano de igualdad a los prestadores locales respecto del prestador residente o domiciliado en el exterior.
La definición comprende los servicios equivalentes a los listados, independientemente del dispositivo (smartphone, computadora, tablet), la forma de uso (descarga, visualización o utilización), cualquiera sea la red, tecnología, protocolo o plataforma mediante la cual se transmita.

Servicios que incluyen
1. El suministro y alojamiento de sitios informáticos y páginas web, así como cualquier otro servicio consistente en ofrecer o facilitar la presencia de empresas o particulares en una red electrónica (servicios de hosting, como Amazon Web Services, Wix, etc.).
2. El suministro de productos digitalizados en general, incluidos, entre otros, los programas informáticos, sus modificaciones y sus actualizaciones así como el acceso y/o la descarga de libros digitales diseños de páginas web , análisis financiero o datos y guías de mercado.
3. El mantenimiento a distancia, en forma automatizada, de programas y de equipos (Amazon Web Services, Microsoft .NET, etc.).
4. Los servicios de software, incluyendo, entre otros, los servicios de software prestados en internet  a través de descargas basadas en la nube
5. El acceso y/o la descarga a imágenes, texto, información, video, música, juegos -incluyendo los juegos de azar-. Este apartado comprende, entre otros servicios, la descarga de películas (Netflix y HBO online) y otros contenidos audiovisuales a dispositivos conectados a internet, la descarga en línea de juegos, la difusión de música, películas).
6. La puesta a disposición de bases de datos y cualquier servicio generado automáticamente desde un ordenador, a través de internet o de una red electrónica, en respuesta a una introducción de datos específicos efectuada por el cliente (Amazon Web Services).
7. La provisión de servicios de internet.
8. La enseñanza a distancia o de test o ejercicios, realizados o corregidos de forma automatizada.

 

Jurisdicción
En caso de sujetos del impuesto que revistan calidad de responsables inscriptos [inc. d)], se presume -salvo prueba en contrario- que la utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en la jurisdicción que se identifique en el código de la tarjeta SIM del teléfono móvil o en el país de la dirección IP del dispositivo electrónico o del proveedor del servicio de internet.
Para el caso de consumidores finales, exentos, no responsables o monotributistas [inc. e)], se suman a las presunciones anteriores -país de tarjeta SIM o dirección IP- y sin admitir prueba en contrario: la dirección de facturación o los medios de pago utilizados por el cliente, la cuenta bancaria, la dirección de facturación de la tarjeta de crédito o débito con que se realice el pago.
Perfeccionamiento del hecho imponible
Se incorpora el inciso i) al artículo 5 disponiendo que en el caso de las prestaciones de servicios digitales comprendidas en el inciso e) del artículo 1, el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se finaliza la prestación o en el del pago total o parcial del precio por parte del prestatario, el que fuere anterior.
Exención (artículo 7, inciso h, apartado 29)
Se establece la exención para el acceso y/o la descarga de libros digitales.
Base imponible
Se extiende a las importaciones de servicios digitales el criterio legal que dispone que la alícuota se aplica sobre el precio neto de la operación que resulte de la factura o documento equivalente extendido por el prestador del exterior, siendo de empleo en estas circunstancias las disposiciones previstas en el primer párrafo del artículo 10
Ingreso del impuesto
Se establece un mecanismo que permitirá asegurar su recaudación en los casos en los que los servicios son prestados por sujetos no domiciliados o no residentes  en el país, de modo de evitar la evasión del gravamen, poniendo en un plano de igualdad y de competencia a los sujetos prestadores de los referidos servicios sin importar el lugar desde donde se realicen las transacciones.
Se prevé que serán sujetos pasivos del impuesto los prestatarios, pero de mediar un intermediario que intervenga en el pago, éste asumirá el carácter de agente de percepción.

Utilización o explotación efectiva
Se efectúan precisiones acerca del alcance de la expresión “utilización o  explotación  efectiva”, de manera de brindar mayor claridad a los problemas interpretativos suscitados en torno a su aplicación.
Se considera que existe utilización o explotación efectiva en la jurisdicción en que se verifique la utilización inmediata o el primer acto de disposición del servicio por parte del prestatario aun cuando, de corresponder, este último lo destine para su consumo.
Proyectos de inversión
Bajo el sistema actual los contribuyentes que encaran tales proyectos pueden tener que esperar un prolongado período para lograr aplicar los créditos fiscales derivados de las inversiones realizadas, con el consecuente costo financiero que ello representa, particularmente en emprendimientos de gran escala y sujetos a un largo plazo de maduración.
Se introduce un mecanismo permanente de devolución de los créditos fiscales originados en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de uso, que luego de transcurridos seis períodos fiscales consecutivos, contados a partir de aquel en que resultó procedente su cómputo, conformaren el saldo a favor de los responsables.
La medida promueve la inversión que en definitiva resulta indispensable para el desarrollo económico y la creación de empleo, sin que  ello produzca un impacto negativo  de significación en los ingresos fiscales, toda vez que los montos involucrados se recuperarán a futuro a través del oportuno cómputo de los débitos fiscales generados como consecuencia de la actividad llevada a cabo  por  los  mismos sujetos del impuesto.

Saldos técnicos
Se prevé el recupero de los saldos “técnicos” para aquellos sujetos que desarrollen actividades que califiquen como servicios públicos, en la medida que las tarifas o ingresos que perciben se vean reducidas por el  otorgamiento de sumas en concepto de subsidios, compensaciones tarifarias y/o fondos por asistencia económica, efectuados por parte del Estado Nacional en forma directa o a través de fideicomisos o fondos constituidos a ese efecto.
El tratamiento descripto en el párrafo que precede resultará procedente hasta el límite que surja de detraer del saldo a favor originado en las operaciones comprendidas en el régimen, el saldo a favor que se habría determinado si el importe percibido por los conceptos que lo motivan hubiera estado alcanzado por la alícuota aplicable sobre la tarifa correspondiente.
El régimen operará con un límite máximo anual, cuyo monto se determinará de conformidad a las condiciones imperantes en materia de  ingresos  presupuestarios, y será asignado a través de un mecanismo que establecerá la reglamentación.
Reducción de alícuota
Se sustituye apartado 1 del inciso a) del artículo 28 de la ley:
1. Animales vivos de las especies aviar y cunícula y de ganados bovinos, ovinos, porcinos, camélidos y caprinos, incluidos los convenios de capitalización de hacienda cuando corresponda liquidar el gravamen.

Vigencia
Lo establecido en este Título surtirá efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen a  partir del 1 de febrero de 2018.
Las disposiciones vinculadas con la devolución del gravamen por inversiones productivas y saldos técnicos serán de aplicación respecto del saldo acumulado que tenga como origen los importes cuyo derecho a cómputo, de conformidad con las condiciones que allí se establecen, se genere a partir del 1 de enero de 2018.

 

Fuente: CPN. Osvaldo Purciariello | Depto Tecnico Legal